Reflexiones sobre la nueva Ley de Eficiencia Procesal: ¿un paso adelante en la Administración de Justicia?

¿Por qué estas Reflexiones?
Vemos información, opiniones, críticas y debates todos los días. Esto suele ocurrir con cada novedad y/o reforma legislativa, y es más que necesario que así sea. Pero precisamente por ello, también es necesario reflexionar para comprender todos los puntos de vista: (i) extraer lo positivo para ser conscientes del beneficio, visibilizar lo negativo para, compartiendo experiencias, reflejar con claridad qué falla en el sistema en su aplicación práctica, dando visibilidad a la ineficacia de la norma, y generar debate que sirva como intercambio de opiniones que, siendo diversas, resulta sin duda enriquecedor y constructivo.

Intentaremos ofrecer una visión general tanto de los aspectos positivos de la ley como de las críticas que ha suscitado.

En las siguientes reflexiones, analizaremos la ley y aportaremos claves sobre cada una de las novedades introducidas. Esto nos permitirá formarnos una opinión, comentar y debatir, pero, sobre todo, compartir en el futuro nuestras experiencias con la aplicación de esta nueva normativa.

Partimos de una premisa: ¿existe alguna duda de que es necesario un cambio en la Administración de Justicia? La respuesta es evidente.

No podemos ignorar que la Administración de Justicia, tal y como está configurada actualmente, no funciona. Por tanto, la conclusión es clara: debe cambiar.

En el futuro veremos si esta ley tiene un resultado positivo o negativo, o si todo sigue igual. Pero no debemos olvidar que, si buscamos resultados distintos, debemos hacer cosas distintas, y en este punto, el cambio en la Administración de Justicia es imprescindible.

---

Objetivo

La Ley de Eficiencia Procesal tiene como finalidad transformar el sistema judicial con objetivos ambiciosos: reducir los retrasos en los procedimientos judiciales y descongestionar los tribunales, promover los MASC (mecanismos alternativos de resolución de conflictos) como vía preferente de solución de controversias, impulsar la modernización mediante la digitalización y, finalmente, reforzar la colaboración con procedimientos más participativos y eficientes.

Estas medidas buscan construir un sistema más ágil, accesible y adaptado a las necesidades actuales.

---

Principales Novedades

Nueva estructura del sistema judicial.
Creación de los Tribunales de Instancia, que a su vez estarán compuestos por secciones, de modo que pasaremos de más de 3.000 juzgados a 431 Tribunales de Instancia. Asimismo, se crean las Oficinas de Justicia en los municipios, lo que permitirá descentralizar y acercar la justicia al ciudadano.

¿Servirá esto, a través de una nueva reorganización, para optimizar recursos y cargas de trabajo, permitiendo que los tribunales “agilicen” su funcionamiento y reduzcan “costes”? También deberá cambiar la mentalidad de los funcionarios públicos.
Este punto requiere una reflexión más profunda para analizar la nueva estructura y valorar sus posibles resultados.

Implantación y fomento de los MASC. Requisito de procedibilidad.
Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos se configuran como una herramienta para descongestionar los tribunales y fomentar soluciones consensuadas fuera del ámbito judicial, exigiendo a las partes intentar estos mecanismos antes de interponer una demanda.

¿Es esto un problema? ¿Acaso estas prácticas de resolución extrajudicial no existían ya anteriormente, aunque no fueran obligatorias? La cuestión es claramente más compleja.
Por ello, dedicaremos una reflexión específica a este punto controvertido y su impacto en la práctica.

Desarrollo procesal. Simplificación de los procedimientos.
La ley introduce cambios procesales relevantes orientados a lograr procedimientos más rápidos y eficientes, eliminando trámites innecesarios sobre la base de tres pilares fundamentales: agilización, reducción de costes y fomento de acuerdos extrajudiciales.
Hay mucho que analizar y debatir, ya que encontraremos tanto mejoras acertadas como cambios que podrían generar nuevos problemas.

Digitalización de la justicia y acceso electrónico de los ciudadanos.
Se prioriza el uso de plataformas digitales para agilizar notificaciones, presentación de documentos y vistas telemáticas. ¿Se conseguirá realmente?

---

Críticas de los profesionales del derecho y reflexión sobre las mismas

La nueva legislación orientada a mejorar el sistema judicial ha generado un intenso debate entre los profesionales del derecho, quienes han señalado diversas deficiencias en su implementación. Estas críticas, aunque legítimas, parecen revelar una resistencia natural al cambio en un ámbito que, paradójicamente, necesita profundas transformaciones para superar los desafíos actuales.

Entre ellas, el uso obligatorio de los MASC antes de acudir a los tribunales está siendo ampliamente criticado por su posible efecto de retrasar los procedimientos en lugar de agilizarlos. Sin embargo, quizá deberíamos valorar su impacto positivo en otros países y su capacidad para aliviar la carga de los tribunales. Más que descartar esta herramienta, la clave podría estar en garantizar su correcta implementación y una adecuada formación de los profesionales.

Porque, en realidad, ¿no eran ya habituales estos intentos previos de resolución extrajudicial de conflictos, aunque no fueran obligatorios?

Tal vez deberíamos dar una oportunidad a estos mecanismos y observar su desarrollo en la práctica, sin dejar de lado sus riesgos. Es cierto que, al poder derivarse a MASC en cualquier fase del procedimiento, los propios tribunales podrían generar retrasos innecesarios si no se utilizan correctamente. Pero no nos centremos solo en los riesgos; analicemos el conjunto.

De igual modo, otro temor es la exclusión digital, ya que la modernización tecnológica plantea un reto legítimo. Sin embargo, culpar al progreso de una posible brecha digital niega la oportunidad de un sistema más accesible si se implementan medidas de apoyo, como oficinas de asistencia tecnológica y opciones presenciales para los sectores más vulnerables.

La digitalización no debe ser un lujo, sino un derecho que, con la inversión adecuada, permita a todos los ciudadanos relacionarse con la justicia de forma más eficiente.

Finalmente, la simplificación procesal y el impulso de la oralidad, criticados por algunos como una amenaza a la formalidad, representan en realidad una oportunidad para garantizar una justicia ágil y eficaz sin comprometer los derechos de las partes, que nunca deben verse vulnerados.

En conclusión, las críticas a estas reformas reflejan una comprensión legítima de los riesgos, pero no podemos ignorar la necesidad urgente de modernizar la Administración de Justicia.

La verdadera amenaza no reside en los cambios propuestos, sino en la inmovilidad que perpetúa las deficiencias actuales.

La Administración de Justicia no puede permanecer ajena a la evolución; el desafío no es resistirse al cambio, sino abordarlo con planificación, sensibilidad y compromiso